El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha condenado a España a pagar una multa de 20 millones de euros por no cumplir una sentencia dictada en 2002 por el mismo Tribunal en relación a ayudas ilegales que el Gobierno concedió a la sociedad industrial del País Vasco Indosa, informa elmundo.es en su edición del 11 de diciembre.

España, además, tendrá que abonar a la Comisión 50.000 euros diarios a contar desde el día 11 por cada día de retraso en la puesta en práctica de las medidas necesarias para dar cumplimiento a la sentencia de 2002.

El caso se remonta a 1989, cuando el Gobierno español y los consejos de varias Comunidades Autónomas concedieron ayudas diversas al grupo español Magefesa, un productor de artículos de menaje y pequeños electrodomésticos formado por cuatro sociedades: Indosa (Magefesa, País Vasco), Migsa (Andalucía), Cunosa y Gursa (Cantabria). Las ayudas públicas consistieron en avales crediticios, préstamos en condiciones diferentes a las del mercado, subvenciones no reintegrables y una subvención de intereses.

Aquel año la Comisión Europea determinó que esas ayudas eran ilegales e incompatibles con el mercado común e instó a las autoridades españolas a recuperarlas.

Al no actuar en los plazos legales previstos por Bruselas, la Comisión interpuso una demanda ante el Tribunal de Justicia de la UE, que en 2002 declaró que España había incumplido su obligación de dar cumplimiento a la decisión del Ejecutivo comunitario, siempre según informa el diario digital.

Cuatro años más tarde, en 2006, la Comisión estimó que España había cumplido con las exigencias de retirar dichas ayudas a tres empresas, pero no a la sociedad radicada en el País Vasco Magefesa. Esta empresa y su filial Compañía de Menaje Doméstico (CMD) prosiguió con la actividad hasta 2008, cuando se declaró en concurso de acreedores, incluso más allá de esta fecha, los trabajadores de la empresa fueron autorizados para crear una sociedad -Euskomenaje- que continuó su actividad subvencionada, ya que utilizó de forma gratuita los locales de CMD y fue autorizada para vender a título gratuito el stock de esta compañía hasta que fuera finalmente liquidada.

En este contexto, en 2010 la Comisión interpuso otra denuncia ante la Corte europea de Luxemburgo por no haber cumplido íntegramente con la sentencia de 2002. Hoy el Tribunal da la razón a Bruselas e insta a España a tomar las decisiones oportunas para dar cumplimiento a los requerimientos de la Comisión que le obliga a recuperar las ayudas ilegales concedidas a Indosa.

El Tribunal recuerda que «el hecho de que una empresa se halle en dificultades económicas o en situación concursal no afecta a la obligación de recuperar las ayudas pagadas ilegalmente».

La recuperación de las ayudas declaradas incompatibles con el mercado común «se dirige a eliminar la distorsión de la competencia causada por la ventaja competitiva de la que el beneficiario de esas ayudas ha disfrutado en el mercado respecto a sus competidores», argumenta hoy el Tribunal, que estima que «Euskomenaje disfruta de la ventaja competitiva ligada a estas ayudas».

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